Líderes de los 116 municipios se capacitarán en aplicativo “A denunciar”
(Cundinamarca, 22 de diciembre de 2017). La Gobernación de Cundinamarca, a través de sus secretarías de Gobierno y TIC, promovió un compromiso con las autoridades territoriales para facilitar procesos que garanticen el acceso efectivo a la justicia en los 116 municipios del departamento y apoyar la implementación del aplicativo “A denunciar”, en articulación con la Fiscalía General de la Nación.
Se trata de una herramienta informática, cuyo objetivo es aproximar a los habitantes de los territorios con la administración de justicia y poner en conocimiento de las autoridades competentes diferentes hechos delictivos, evitar largos desplazamientos a las sedes de las cabeceras judiciales y garantizar la confidencialidad de la información.
Esta aplicación propende por la diligencia oportuna y ágil de la justicia, a través de la utilización y optimización de los recursos tecnológicos con los que hoy cuenta el Estado.
En ese sentido se dio inicio a una mesa de trabajo con delegados de la Fiscalía General de la Nación y la Gobernación de Cundinamarca para potencializar las herramientas tecnológicas con que cuenta la administración departamental y su equipo de líderes de Gobierno En Línea (GEL), liderado por la Secretaría de las TIC.
“Uno de nuestros desafíos es garantizar una herramienta de gestión para plantear políticas de seguridad y convivencia ciudadana, tendientes a garantizar la construcción de ambientes seguros y territorios de paz”, afirmó el gobernador Jorge Rey.
Este grupo de personas, enlazadas virtualmente con los 116 municipios del departamento, recibieron la instrucción por parte de la Fiscalía General de la Nación sobre el funcionamiento del aplicativo, para que a su vez se conviertan en facilitadores técnicos dentro de sus comunidades y puedan orientar a los ciudadanos en el uso de dicha herramienta.
Esta actividad se realizó en el marco del programa “Con toda seguridad”, a través del cual la Secretaría de Gobierno promueve la articulación entre las autoridades que administran justicia (Fiscalía, jueces, Medicina Legal, Policía Judicial y Ministerio Público) y las autoridades político-administrativas (Gobernación y municipios), con el objeto de garantizar la cooperación intersectorial.
